EL TRIPARTITO Y ESPAÑA. Miguel Herrero de Miñón (11.01.04) El Periódico

• La reforma del Estatut de Catalunya, sumada a la de los de Andalucía y Euskadi, no puede ser frenada, y obligará al Gobierno que salga de las elecciones de marzo a negociar.

El Gobierno tripartito de la Generalitat tiene una insuperable virtud: la de ser el querido por el electorado catalán. Eso basta para quienes, de verdad, creen en la democracia. Lo demás, la competencia presumible, la acreditada experiencia, la prudencia deseable, se dan de añadidura y, por ello, los buenos deseos de comienzo de año y legislatura, e incluso el apoyo positivo, deben y pueden ser sinceros tanto entre quienes participan de su orientación política como entre quienes ajenos a ella desean la mayor y mejor cohesión y progreso de Catalunya.

Pero, además, el tripartito tendrá efectos, queridos o no, en el escenario político español, especialmente tras las próximas elecciones generales del mes de marzo. Hay, en efecto, quien considera que la coalición estrenada en Catalunya puede ser el modelo de una izquierda plural mayoritaria en la Carrera de San Jerónimo. Yo lo dudo muy mucho por las siguientes razones.

PRIMERO, la opción del PSC, a mi entender plenamente acertada, de coaligarse con ICV y ERC no creo que vaya a darle muchos votos al PSOE en el resto de España.

Segundo, si la izquierda plural es hoy mayoritaria en Catalunya es gracias a la aportación nacionalista-izquierdista y aquende el Ebro es impensable la emergencia de una o varias fuerzas semejantes a ERC y capaces de cumplir la función que ésta desempeña en el tripartito. Los regionalismos improvisados, que nada tienen que ver con los nacionalismos históricos, sean de izquierdas o de derechas, serán, felizmente, insuficientes para construir una mayoría y, en todo caso, no es de desear a ninguno de los grandes partidos políticos españoles repetir, a escala estatal, la ya periclitada experiencia mallorquina o la aún vigente experiencia cántabra.

Tercero, los verdaderos nacionalismos no serán suficientes para constituir una mayoría. Los de izquierdas como ERC y el BNG obtendrán una representación, tal vez creciente, pero ciertamente exigua, incluso si algún genio estratégico de la derecha --o de la izquierda, donde también los hay-- les ofende estúpidamente, motejándolos de terroristas. CiU difícilmente pactará con el socialismo en Madrid mientras esté en Barcelona en radical oposición al gobierno socialista, y las relaciones del PSOE con el PNV no son mejores, inexplicablemente, dicho sea de paso, que con el PP.

Ahora bien, lo expuesto augura un Gobierno del Partido Popular, ya con mayoría absoluta, ya en coalición o pacto de legislatura con Coalición Canaria y con CiU. Lo primero está ya ensayado y bien amarrado en Tenerife y Gran Canaria. Lo segundo puede venir impuesto: al PP, por la necesidad de encontrar apoyos si no tiene la mayoría absoluta y a CiU, por lo peligroso que puede resultarle encontrarse durante cuatro años en la oposición tanto en Catalunya como frente al Gobierno estatal sin ser, en consecuencia, interlocutor de nadie. Tal vez esa coalición fuera la vía para conseguir que prosperase en las Cortes Generales la reforma del Estatut pactada con la propia CiU, que de esta manera recobraría protagonismo en una cuestión que le es especialmente importante y que solamente así podría justificar su apoyo al PP.

Sin embargo, existen otras alternativas a tales escenarios. Por ejemplo, que en un supuesto de mayorías relativas en el Congreso de los Diputados la coalición tripartita catalana, y hay muchas maneras de hacerlo, llegase a incluir a CiU obteniendo, de esta manera, su apoyo a un Gobierno socialista en Madrid. Un acuerdo catalanista en pro de la reforma del Estatut, avalado por el PSOE y rechazado desde el PP, podría servir de pretexto para ello. Y otro tanto podría ocurrir con los diputados nacionalistas vascos si un gobierno pilotado por el PSOE se decidiese a negociar seriamente el plan Ibarretxe.

Todo parece indicar que no va a ser así atendiendo a las más recientes y autorizadas declaraciones socialistas. Pero sabemos por experiencia que los dirigentes políticos al uso pierden la cabeza ante las elecciones y la recuperan a la hora de conseguir formar Gobierno.

En una situación semejante, sería totalmente insensato por parte del PP quedarse en la oposición con una mayoría relativa, por obstinarse en no asumir y, en consecuencia, codecidir las revisiones estatutarias vasca y catalana. No solamente porque son razonables, sino porque resultarán inevitables, incluso si el PP obtiene, como es probable, la mayoría absoluta en los próximos comicios.

Las reformas de los estatutos catalán y, no se olvide, andaluz, serán plenamente compatibles con el marco constitucional, sensatamente interpretado, y ni en una ni otra comunidad puede alegarse el pretexto del terrorismo para no abordar el problema político del autogobierno a la medida de las necesidades de cada cual. Y ambos procesos, cuando menos, forzarán la discusión constructiva del plan Ibarretxe que, sensatamente negociado, tampoco será incompatible con la Constitución.

APOYAR, como ha anunciado el PSOE, las reformas de los estatutos catalán y andaluz y negarse, incluso, a discutir el vasco, es un dislate retórico necesariamente efímero. Resultaría, además, descabellado --aunque por ello mismo no impensable-- que el enfrentamiento de la Constitución a las reivindicaciones de reforma estatutaria obligara a una revisión constitucional en lugar de acudir a una interpretación pragmática y útil de aquélla.

¿Y acaso puede un Gobierno popular, incluso apoyado por una mayoría absoluta en las Cortes Generales, cerrar indefinidamente el paso a las propuestas de reforma estatutaria tramitadas desde, al menos, tres comunidades autónomas de la importancia de las mencionadas y que arrastran el apoyo de la oposición socialista?

El tripartito catalán, cualquiera que sea la mayoría y el Gobierno resultante de las próximas elecciones, fuerza, desde ya, la renovación del sistema autonómico. Falta que los grandes partidos estatales, PP y PSOE, no conduzcan y frustren dicha renovación por la vía de la homogeneidad, como en 1981, sino por la de la asimetría que es, simplemente, respeto a la realidad.